Organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con apoyo de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, el encuentro abordó la forma en la cual las distintas jurisdicciones del país trabajan en sus territorios, en función de una tarea interministerial con las áreas de género, para reducir la brecha de desigualdad con las mujeres y diversidades.

La Ministra formó parte del panel que inauguró la jornada, y desarrolló “de qué manera se reflejan en los presupuestos las actividades vinculadas a políticas públicas, en las distintas ciudades y cómo ofrecemos oportunidades respecto a su acceso”.

En su intervención, la funcionaria expuso la Infraestructura del Cuidado, “no sólo con la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil, sino también de los espacios de crecimiento”.

“Si modificamos el concepto de lo que era un lugar de guarda de la primera infancia en un lugar de promoción social, entendemos que ese ámbito es un lugar de restitución de derechos, como las Casas del Deporte, que pasan a ser un espacio de contención, desarrollo y crecimiento. O la Casa de la Alegría, destinada a las actividades vecinales" explicó Castillo. 

En otra línea, destacó la importancia de acompañar a los adultos que vuelven a la escuela, "lo que ha generado que 210 madres y 20 padres retomen sus estudios, generando a la vez, espacios de trabajo como en jardines de turno vespertino, con un programa interdisciplinario que permite cuidar las infancias, y acompañar a los hijos mientras sus papas están estudiando”, agregó.

Quien también disertó en el plenario dentro de la comisión “Medir la Deuda Alimentaria” fue la Directora de la Oficina Provincial de Contrataciones, Tamara Albarracín, quien expuso sobre las políticas con perspectiva de género que se ejecutan desde el Ministerio de Desarrollo Humano. 

Tierra del Fuego cuenta con la Ley 531, que creó al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La misma, entre otros puntos, prohíbe que estos deudores sean proveedores del estado.

“Desde el 2020 articulamos con el área del Registro Civil, que periódicamente nos pasan el listado de los inscriptos y lo difundimos a las distintas áreas de la Administración Central. En el procedimiento de contratación tenemos auditorías internas y dentro de los listados incluye la verificación del control de esa persona, que al momento de la contratación no esté inscripta en el registro de morosos. Es una política pública más para erradicar la violencia contra la mujer”, cerró Albarracín.