La “contratación” de la empresa “BAM NUTTALL” por parte del ilegítimo y pretendido gobierno isleño para llevar adelante esta obra se encuadra en la pretensión británica de establecer la infraestructura destinada a transformar el puerto de las Islas Malvinas en un centro de soporte logístico a efectos de avanzar en la explotación ilegal de los recursos naturales, vivos y no vivos, que pertenecen a todos los fueguinos y fueguinas. 

Tras haber cumplido los requisitos procesales pertinentes, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, por medio del Ministerio de Producción y Ambiente, ha intimado formalmente y según lo establecido en el Convenio de la Haya de 1965 sobre Comunicación o Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial (aprobado por Ley 25.097), a la empresa “BAM NUTTALL” a través de la autoridad central británica establecida de conformidad con el artículo 3 del mencionado Convenio para que, en un plazo de noventa días hábiles, cumpla con lo estipulado en la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, en la Ley Provincial N° 55 y en la Ley Provincial N° 1.126, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

La medida británica, que representa una violación flagrante de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso de descolonización, se enmarca en una serie de acciones tendientes a afianzar la presencia ilegal del Reino Unido en nuestros archipiélagos australes, amenazando  al Departamento Antártida Argentina, y atentando así de forma directa contra los intereses provinciales y nacionales al tiempo que amenazan.

El secretario Andrés Dachary destacó que “no permitiremos ningún accionar por parte del gobierno británico que procure afianzar su ilegal presencia en nuestro territorio. La situación de facto de la ilegal ocupación británica de parte de nuestro territorio es una afrenta al derecho internacional y a todos los pueblos que luchan por el fin del anacronismo colonial en pleno Siglo XXI. Haremos uso de todas las herramientas legales y administrativas que estén a nuestro alcance y dentro de nuestra competencia para proteger nuestra jurisdicción”.

Por su parte la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, señaló que "Malvinas es jurisdicción provincial, y como tal es alcanzada por nuestra normativa, especialmente en materia ambiental. La soberanía se ejerce con acción, con hechos y, en ese sentido, desde este Ministerio llevaremos adelante todos los procesos necesarios”.