La Ley provincial N° 857 sancionada en octubre de 2011 y promulgada en noviembre de ese mismo año, estableció al creación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según el diario de sesiones de la época, los Legisladores y Legisladoras comprendieron que “es importante crear un ámbito de participación mixta, institucional y ciudadana” en pos de la aplicación de la Convención contra la Tortura.

En la jornada, prestaron juramento el juez del Superior Tribunal De Justicia, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume; los legisladores Pablo Villegas y Federico Greve; el Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y referentes de organizaciones de DDHH, José Luis Piñeiro y Analia Castonjauregui. También lo integra María Florencia Villarerreal.

“Estamos a más de 11 años de la vigencia de la Ley –dijo el Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia N° 6- y esta es la oportunidad en que vamos a poner en marcha el Comité, que tiene tan digna tarea a desarrollar en Tierra del Fuego”, dijo. Asimismo, agradeció la participación –vía remota- de integrantes del Comité Nacional para la prevención de la Tortura. Pablo Villegas, saludó la integración de los Poderes del Estado como asi también, a organizaciones de Derechos Humanos.

 En tanto, la titular del Parlamento fueguino, vicegobernadora Mónica Urquiza, dijo que “hay que celebrar esta decisión” de poner en marcha el Comité. “Hay que plantear las diferencias”, coincidió. En este mismo sentido, bregó porque “trabajemos en equipo” en pos de alcanzar el “bien común de todos” las fueguinas y los fueguinos.

En otro párrafo de su alocución, agradeció la presencia de los miembros que prestaron juramento y dijo: “En esta Vicegobernadora van a poder encontrar todo lo que necesiten”, para dar cumplimiento a la tarea encomendada por la Ley, cerró.

De la jornada, participaron la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, lic. Abigail Astrada y el director Provincial del Servicio Penitenciario, inspector General Dr. José Cánovas junto a la comisionada del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, lic. Josefina Ignacio y técnicos del área. 

El artículo N° 4 de la Ley provincial N° 857, definió la integración del cuerpo, a saber: Tres representantes de organizaciones de Derechos Humanos que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hayan desempeñado como funcionarios políticos en el curso de los últimos dos años; dos miembros del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial. Todos los integrantes del Comité deben poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Duran dos años en sus funciones y podrán ser renovables.