“ESTAMOS ABOCADOS A SEGUIR LA VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL PARA PONER FIN A LA PRESENCIA DE LEOLABS EN LA PROVINCIA”

Al respecto, Dachary reiteró el rechazo categórico del Gobierno provincial sobre esta situación y recordó que “hasta último momento intentamos encontrar una solución consensuada con el Gobierno nacional a través de los ministerios de Seguridad y Defensa, porque que desde el momento que esto se plantea como una amenaza a la seguridad nacional son los que deberían haber intervenido”.

“No hay antecedentes en nuestra historia de que el Ministerio de Defensa reconozca que en una región del país hay una amenaza a la seguridad nacional”, remarcó el funcionario. 

A modo de repaso, Dachary señaló que a partir del cambio de autoridades a nivel nacional “intentamos llegar a buen puerto y a su vez la empresa presentó un ‘Recurso de Reconsideración’ solicitando volver al estatus de autorizar lo que era la instalación del radar que estaba en nuestra provincia. “Parte de lo que se argumentaba y que iba en contra del informe del Ministerio de Defensa era que este se trataba solo de un radar de uso civil”, indicó.

“Cuando LeoLabs se inscribió en la Provincia y tuvo que definir lo que era su objeto social, es decir, para qué va a estar constituida en la Provincia, en ningún momento menciona la prestación de servicios militares y muchísimo menos al Reino Unido de Gran Bretaña, por eso es que a partir de esta noticia se cae por completo cualquier tipo de reconsideración, cambio de perspectiva o lógica que esté llevando adelante la empresa”, agregó.

Dachary enfatizó que “desde el Gobierno provincial obviamente se ha encomendado quitar cualquier tipo de permiso a la empresa LeoLabs, porque ellos mismos han confesado, de cierta manera, cuestiones contrarias a lo que siempre habían sostenido”, por lo que “estamos todos abocados para garantizar en un corto plazo el retiro de la empresa de la Provincia”. 

“El permiso ambiental ya había sido removido y ahora vamos a avanzar en lo que es también la inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) y todo lo que esté a nuestro alcance”, detalló el funcionario, entendiendo que “el procedimiento que se tendría que haber cumplido desde un primer momento es que el Ministerio de Seguridad mande a sus fuerzas a remover este radar, porque no había otra opción”. 

“Desde el Gobierno de la Provincia fuimos claros y contundentes, enviamos las notas correspondientes para buscar una solución siempre a través de los canales institucionales y nadie se decidió a tomar cartas en el asunto, pero una vez que se considera que existe una amenaza a la seguridad nacional, no hay vuelta atrás y se debe garantizar que el radar nunca más esté operativo”, concluyó.