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El evento tendrá lugar en Ushuaia el próximo 10 de diciembre de 2025, en las instalaciones del IPRA a las 9:30 hs., en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, posicionando a la provincia como un faro de reflexión y acción desde el extremo austral del planeta. El Congreso contará con la participación de figuras de reconocido prestigio y trayectoria, que aportarán profundidad académica, experiencia judicial y una potente mirada testimonial: Dra. Dora Barrancos: Reconocida socióloga, historiadora e investigadora principal del CONICET. Referente indiscutida en estudios de género y derechos sociales. Dr. Carlos Rozanski: Ex Juez Federal, protagonista clave en históricos juicios por crímenes de lesa humanidad. Un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Claudia Domínguez: Nieta restituida N° 117 por Abuelas de Plaza de Mayo. Su vida es un emblema de la perseverancia en la lucha por el derecho a la identidad. Dirigido a toda la comunidad, el Congreso se propone como un ámbito fundamental para el intercambio de saberes, la reflexión crítica y el debate plural. Su objetivo central es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos desde una mirada local, situada en el sur, pero con perspectiva global. Se busca tejer redes sólidas entre actores institucionales, académicos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. La agenda del Congreso abordará los debates más contemporáneos y urgentes a través de cuatro ejes estructurantes e interconectados: Derechos Humanos: Análisis del estado actual, memoria, verdad, justicia y los desafíos futuros. Género: Perspectivas sobre igualdad, violencias y políticas con enfoque de derechos. Diversidad: Diálogos sobre inclusión, no discriminación y derechos de colectivos LGBTIQ+. Interculturalidad: Reflexiones sobre pueblos originarios, migraciones y convivencia en la diversidad. Esta selección refleja un compromiso con una visión de los derechos humanos que es amplia, inclusiva y atenta a las complejidades de la sociedad actual. Este Congreso, cuenta con el respaldo institucional mediante el Decreto 2800/25 del Poder Ejecutivo y la Resolución 400/25 del Poder Legislativo. Este doble aval transforma la iniciativa en una declaración expresa y unificada de voluntad política, destinada a fortalecer la promoción, protección y debate sobre los derechos humanos en la comunidad fueguina y más allá de sus fronteras.
