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En total, 2.086 personas integran el padrón del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE): 2.006 por discapacidad y 71 bajo los alcances de la Ley 389, que incluye también a adultos mayores. De ese universo, 998 beneficiarios cuentan con cobertura médica a través de la obra social estatal OSEF, como lo establece la legislación vigente para aquellos que no poseen otra cobertura propia, familiar o por tutor legal. Chapperón remarcó además que el Estado fueguino ha enfrentado un gasto considerable para garantizar el acceso a la salud de estas personas. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión en prestaciones médicas para afiliados con discapacidad a la OSEF alcanzó los $2.650 millones, lo que equivale a un promedio de $450 mil mensuales por beneficiario, sin incluir el costo de acompañantes terapéuticos. La Ministra también señaló que se están revisando casos particulares donde podría haber posible incumplimientos de la normativa vigente, en cuanto a la asignación de las pensiones por discapacidad. En principio, entre algunas situaciones detectadas a través de este relevamiento, se encuentran personas que no residen en la provincia desde hace más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%, o beneficiarios que no han declarado otros ingresos como jubilaciones, pensiones o empleo en relación de dependencia. “En todos estos casos se procede al análisis correspondiente y, en caso de ser necesario, se notifica a los beneficiarios para que regularicen su situación antes de suspender o caducar el beneficio, tal como lo establece la ley”, explicó Chapperón. Finalmente, la funcionaria recordó que en 2019, el monto de la pensión por discapacidad era de $204 mil pesos, mientras que hoy supera los $540 mil pesos, reflejando un incremento significativo en la asistencia estatal.
